¿Qué significa enajenación de un bien público en este contexto?
La «enajenación de un bien público» se refiere a la venta o transferencia de propiedad de un bien que pertenece al dominio público o al patrimonio del Estado o de una administración pública, en este caso, el ayuntamiento. Este terreno se considera parte del patrimonio público de suelo, lo que significa que su propósito original era servir a intereses públicos.
En este contexto, el ayuntamiento de Cartaya ha decidido vender (enajenar) esta parcela urbana a un comprador privado, permitiendo que el bien público pase a manos privadas. Esto se hace bajo ciertas condiciones y con el fin de destinar el terreno a un uso que favorezca el desarrollo urbano (en este caso, la construcción de viviendas). La venta está regulada por normas específicas, y la administración pública debe seguir un procedimiento transparente para garantizar que la enajenación sea justa y en beneficio de la comunidad.
La Venta de Terrenos Públicos para Construcción: Una Solución Aparente y un Problema a Largo Plazo
El Ayuntamiento de Cartaya ha justificado la venta de terrenos públicos para la construcción de viviendas con el argumento de que el terreno debe destinarse a los fines establecidos en el artículo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que pueden incluir el desarrollo urbano o la reducción de la deuda comercial y financiera del ayuntamiento. Sin embargo, esta decisión plantea serios problemas cuando se analiza más profundamente. La venta de terrenos públicos para construir viviendas privadas, en lugar de destinarlos a proyectos de alquiler social, no solo es una solución superficial, sino que también perpetúa problemas estructurales y agrava la desigualdad a nivel local.
La Falacia de la Recaudación a Corto Plazo
Uno de los principales argumentos utilizados para justificar esta venta es que los ingresos obtenidos ayudarán a equilibrar el presupuesto municipal. Aunque en apariencia puede parecer un plan eficiente, esta decisión constituye una falacia cuando se consideran sus efectos a mediano y largo plazo. Los ingresos generados por la venta de terrenos son una fuente de financiación no recurrente: una vez vendidos los terrenos, el ayuntamiento pierde un recurso valioso y sus beneficios futuros, como la posibilidad de destinarlos a alquiler social o a usos públicos que beneficien a toda la comunidad.
El dinero obtenido a través de esta venta puede aliviar temporalmente las cuentas públicas, pero este alivio es momentáneo. A medio y largo plazo, el ayuntamiento pierde control sobre el uso de ese suelo y pierde la capacidad de generar beneficios sostenibles para los residentes. En lugar de proporcionar una base económica estable, la venta de estos activos únicamente financia el presente a costa del futuro.
Consecuencias Sociales: Aumento de la Desigualdad y la Exclusión
El enfoque en la construcción de viviendas sin un proyecto de alquiler social es otro error estratégico. Cartaya, como muchas otras localidades, enfrenta una creciente demanda de vivienda asequible, especialmente entre las familias de ingresos bajos y medios. Sin embargo, al permitir que se construyan viviendas privadas sin restricciones de precio, el municipio contribuye a una subida del valor de la propiedad que beneficia principalmente a quienes ya cuentan con recursos para adquirir una vivienda, dejando fuera a un sector de la población cada vez más amplio.
A nivel comunitario, esto agrava la desigualdad. Los precios de venta y alquiler en el mercado abierto aumentan con el tiempo, impulsados por la especulación y la falta de vivienda social accesible. En este contexto, los ciudadanos de ingresos bajos ven cómo sus posibilidades de acceder a una vivienda digna se vuelven cada vez más inalcanzables. Así, la falta de un enfoque en el alquiler social no solo ignora las necesidades de los ciudadanos más vulnerables, sino que contribuye directamente a una crisis de vivienda que afectará a las futuras generaciones.
La Pérdida del Control Municipal sobre el Terreno Público
La decisión de vender terrenos públicos implica que el ayuntamiento renuncia a su capacidad de influir en el uso de ese suelo para beneficio común. Una vez transferido el terreno a manos privadas, el municipio pierde su capacidad de intervenir en el destino de esa propiedad y en su impacto social. Esto es especialmente grave cuando los terrenos podrían destinarse a proyectos de alquiler social o a infraestructura que beneficiaría a toda la comunidad.
El suelo público es un recurso limitado y, una vez vendido, no puede recuperarse. La política de vender terreno público debe analizarse con extrema precaución, ya que implica una transferencia de poder y control desde el municipio hacia intereses privados. En lugar de proporcionar soluciones sostenibles, esta venta debilita el rol del ayuntamiento en el desarrollo urbano y limita su capacidad para responder a necesidades sociales a largo plazo.
Alternativas: Invertir en Vivienda Social y Proyectos a Largo Plazo
Una política verdaderamente responsable debería centrarse en la creación de vivienda social y en la promoción de un desarrollo urbano sostenible y equitativo. Los terrenos públicos pueden ser la base de un proyecto de vivienda accesible que alivie la presión del mercado privado, ofreciendo opciones de alquiler a precios asequibles para residentes de bajos ingresos. Como alternativa, el ayuntamiento podría considerar incluir una cláusula en el contrato de venta que obligue a la constructora a destinar un porcentaje no inferior al 15% de las viviendas a alquiler social sin opción a compra. Esta medida aseguraría un compromiso concreto con la accesibilidad de vivienda en el municipio.
Esta alternativa no solo generaría beneficios sociales directos, sino que también fortalecería la economía local, al reducir el coste de la vivienda y facilitar el acceso de los trabajadores locales a viviendas dignas. Además, el desarrollo de alquiler social proporciona ingresos recurrentes al municipio y reduce la dependencia de ingresos no sostenibles. En lugar de depender de una venta única y de ingresos temporales, los proyectos de alquiler social permiten al ayuntamiento obtener ingresos constantes y estables que pueden destinarse a otras necesidades de la comunidad.
DOC_CN2024-001161591_compressedPosibilidad de corrupción
Evaluar la posibilidad de corrupción en la venta de una propiedad pública requiere analizar varios factores en el proceso de enajenación, el marco legal que lo regula y los mecanismos de transparencia y control establecidos. A continuación, se indican algunos puntos críticos que podrían influir en el riesgo de corrupción en este tipo de transacciones, así como señales positivas y áreas de mejora que pueden ayudar a identificar y mitigar dicho riesgo.
1. Mecanismos de Transparencia y Competencia
- Subasta Pública y Procedimiento Abierto: El documento establece que la adjudicación se hará mediante una subasta pública, lo cual es positivo desde el punto de vista de la transparencia y la competencia. Un procedimiento abierto y una subasta pública son mecanismos que, en teoría, reducen las posibilidades de corrupción, ya que permiten que múltiples postores participen y se eleve el precio al valor de mercado.
- Valor Base de Licitación: El establecimiento de un valor mínimo de licitación puede ayudar a evitar la subvaloración del terreno, que es un riesgo común de corrupción en transacciones de propiedades públicas. No obstante, un análisis externo podría validar si este valor mínimo es adecuado o si está infravalorado para beneficiar a un comprador específico.
2. Requisitos de Garantía y Solvencia
- Garantía Provisional y Solvencia: Se exige a los licitadores una garantía provisional y demostración de solvencia económica, lo que puede ayudar a evitar que postores sin capacidad económica real participen solo para aparentar competencia o manipular el proceso. Sin embargo, si los criterios de solvencia no son claros o se interpretan de manera arbitraria, esto podría abrir la puerta a decisiones discrecionales que favorezcan a ciertos participantes.
3. Riesgos Potenciales y Posibles Señales de Alerta
- Posibles Conflictos de Interés: Si en la administración pública existe algún vínculo entre los responsables del proceso y los postores, podría haber riesgo de corrupción. La presencia de conflictos de interés no siempre es evidente en la documentación pública, pero es una señal de alerta en cualquier transacción pública.
- Precios de Mercado: Si la parcela se vende significativamente por debajo del valor de mercado o si existen indicios de que el valor base de licitación es artificialmente bajo, esto podría indicar corrupción. Para mitigar esto, es esencial que el valor base esté respaldado por una tasación independiente y publicada para escrutinio público.
- Licitaciones con Pocos Participantes: En una subasta pública, la participación limitada puede ser una señal de alerta, especialmente si los requisitos de participación son tan restrictivos que limitan injustificadamente el número de licitadores. La baja competencia podría favorecer la adjudicación a un comprador previamente identificado.
4. Controles y Auditoría
- Supervisión y Control Externo: La ausencia de mecanismos de auditoría o control externo podría incrementar el riesgo de corrupción. Si no existe una entidad independiente o un auditor que revise el proceso de licitación, podría ser más fácil manipular la adjudicación. Un organismo de control externo o una revisión por parte del Tribunal de Cuentas (u organismos equivalentes en otros países) puede reducir este riesgo.
- Publicidad del Proceso y Acceso a la Información: Es fundamental que el proceso sea públicamente accesible y que los resultados de la subasta sean transparentes, incluyendo los nombres de los postores y las ofertas presentadas. La falta de transparencia en los resultados podría ser una señal de alerta.
5. Contexto Financiero del Ayuntamiento
- Motivación de Venta para Reducción de Deuda: En algunos casos, la urgencia por generar ingresos puede llevar a decisiones apresuradas que no consideren suficientemente el valor del terreno o los beneficios a largo plazo para la comunidad. Esta presión financiera podría crear un entorno donde los funcionarios opten por vender rápidamente, aunque esto conlleve un riesgo mayor de corrupción.