Es evidente que la transparencia y la claridad en la gestión pública son fundamentales para una administración eficiente y para el fortalecimiento de la confianza ciudadana. Cuando se utilizan términos generales como «núcleos costeros» en los presupuestos municipales, se dificulta la comprensión específica de cómo se distribuyen los recursos en áreas concretas.
Por ejemplo, en lugar de agrupar todas las zonas bajo el término «núcleos costeros», sería mucho más claro y directo especificar los nombres de las localidades, como El Rompido y Nuevo Portil. Esta práctica permitiría a los ciudadanos conocer de manera precisa cuánto dinero se asigna específicamente a cada una de estas áreas.
La desagregación del presupuesto para identificar las inversiones y gastos destinados a El Rompido y Nuevo Portil tendría varias ventajas. Primero, permitiría a los residentes de estas áreas entender cómo se están utilizando los recursos que afectan directamente a su entorno. Segundo, facilitaría la evaluación de la equidad en la distribución de los fondos municipales, permitiendo a los ciudadanos comprobar si sus necesidades están siendo atendidas de manera justa en comparación con otras áreas del municipio.
Además, al detallar los presupuestos de esta manera, se cumpliría mejor con los principios de transparencia y buen gobierno que deben guiar toda administración pública. Los ciudadanos podrían participar de manera más informada en los debates sobre la asignación de recursos, lo que a su vez fomentaría una cultura democrática más robusta. También se reduciría el riesgo de malentendidos y de suspicacias sobre posibles favoritismos o desigualdades en la distribución del presupuesto.
En resumen, especificar claramente los destinos de los fondos públicos a nivel local, mencionando directamente áreas como El Rompido y Nuevo Portil, no solo facilitaría la comprensión de los presupuestos, sino que también reforzaría la transparencia y la confianza en la gestión del Ayuntamiento de Cartaya.
Lo que está bastante claro es que el cumplimiento de las ordenanzas municipales sobre limpieza no parece ser una prioridad, dado que se recaudan migajas. Si tomamos como referencia los 4.85,61 € ingresados bajo el concepto de «OTRAS MULTAS Y SANCIONES» y consideramos que la multa por no recoger los excrementos de una mascota ronda los 150 €, queda bastante evidente que no se lo están tomando muy en serio. Parece que en lugar de ser una medida disuasoria, esto de las multas es más bien un mito urbano.
Por cierto, ¿alguien tiene idea de quiénes son los asesores y en qué invierten su tiempo? Porque, según parece, se llevan más de 200.000 € y no hay manera de encontrar nada que justifique ese gasto. Supongo que estarán cobrando por alguna consultoría o algo similar, pero, en teoría, debería haber algún informe justificativo. Sería interesante ver esos informes, si es que existen…
Fuente:
https://cartaya.sedelectronica.es/transparency/3055e3f9-2c88-425a-8bb7-634a2134d82b/#