La reciente intervención del alcalde de Cartaya, Manuel Barroso (PP), en la red social TikTok no solo resulta profundamente preocupante por su tono xenófobo, sino que vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural de nuestra democracia: la ausencia de formación mínima exigida a quienes ocupan cargos públicos.
Tras un apuñalamiento aún en investigación, Barroso culpó a la inmigración irregular de “una oleada de delincuencia” en la localidad. Afirmó que estas personas «ocupan viviendas», «duermen en polígonos industriales» y «saturan la sanidad y la educación», llegando a afirmar —sin datos verificables— que son responsables del «80% de los delitos» en Cartaya.
👉 El problema no es solo lo que dice, sino quién lo dice y desde dónde lo dice: no es un vecino exaltado en una barra de bar, es el alcalde de una localidad de más de 20.000 habitantes. Su deber es proteger los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, no atizar el miedo ni criminalizar colectivos vulnerables.
¿Dónde están los datos?
Ningún informe policial avala el dato del 80%. Lo que sí se ha hecho público es que la colaboración ciudadana ha sido clave para la detención del presunto agresor. El suceso, grave sin duda, no justifica lanzar acusaciones genéricas contra un grupo entero por su situación administrativa.
Barroso diferencia entre inmigración «buena» y «mala», entre quienes aportan y quienes, según él, «solo vienen a delinquir». Esa retórica simplista es exactamente lo que una persona en su cargo debe evitar, especialmente cuando puede derivar en odio, acoso y violencia.
Tras un apuñalamiento aún en investigación, Barroso culpó a la inmigración irregular de “una oleada de delincuencia” en la localidad. Afirmó que estas personas «ocupan viviendas», «duermen en polígonos industriales» y «saturan la sanidad y la educación», llegando a afirmar —sin datos verificables— que son responsables del «80% de los delitos» en Cartaya.
👉 El problema no es solo lo que dice, sino quién lo dice y desde dónde lo dice: no es un vecino exaltado en una barra de bar, es el alcalde de una localidad de más de 20.000 habitantes. Su deber es proteger los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, no atizar el miedo ni criminalizar colectivos vulnerables.
¿Dónde están los datos?
Ningún informe policial avala el dato del 80%. Lo que sí se ha hecho público es que la colaboración ciudadana ha sido clave para la detención del presunto agresor. El suceso, grave sin duda, no justifica lanzar acusaciones genéricas contra un grupo entero por su situación administrativa.
Barroso diferencia entre inmigración «buena» y «mala», entre quienes aportan y quienes, según él, «solo vienen a delinquir». Esa retórica simplista es exactamente lo que una persona en su cargo debe evitar, especialmente cuando puede derivar en odio, acoso y violencia.
¿Puede cualquier persona ser cargo público sin formación básica?
En España se exigen estudios para trabajar de jardinero o peluquera. Pero para dirigir un municipio, no hace falta saber nada sobre convivencia, gestión pública, derechos fundamentales o comunicación institucional. El resultado: tenemos cargos electos que no distinguen entre un delito individual y un problema estructural, que improvisan diagnósticos sociológicos sin ningún rigor y que alimentan el racismo desde el poder.
Y lo más grave: no hay consecuencias políticas reales. El partido lo tapa, los medios lo amplifican y el daño ya está hecho.
📌 Propuesta: Formación obligatoria para cargos electos
No podemos seguir dejando la gestión de lo común en manos de la ignorancia impune. Por eso, proponemos que:
Todos los cargos electos —con independencia de su formación previa— reciban formación básica obligatoria en:
- Constitución y marco legal de los derechos fundamentales
- Gestión pública y rendición de cuentas
- Diversidad cultural e inclusión social
- Comunicación institucional responsable
- Alfabetización estadística y fuentes fiables
Estas formaciones deberían ser públicas, auditables y con contenidos consensuados por organismos independientes, y podrían estar coordinadas por universidades públicas o entidades del tercer sector con experiencia en derechos humanos y gestión democrática.
No se trata de poner trabas al acceso a los cargos públicos, sino de poner límites a la irresponsabilidad. Gobernar es mucho más que ganar unas elecciones: implica comprender las consecuencias de tus palabras y tus actos.
Conclusión
Lo que ha sucedido en Cartaya no es una anécdota. Es el síntoma de un mal mayor: la banalización del discurso de odio desde las instituciones. Frente a eso, necesitamos una ciudadanía crítica, partidos responsables y una reforma profunda del acceso al poder: nadie debería gobernar sin saber qué implica hacerlo.
Porque lo que Cartaya necesita no es un TikTok viral. Lo que necesita es responsabilidad, rigor y respeto a todos sus vecinos y vecinas, sin distinción de origen.