Consultoría Energética en Cartaya: Un Contrato para la Eficiencia o un Ejemplo de Opacidad Administrativa?

La reciente adjudicación del contrato para servicios de consultoría energética en el Ayuntamiento de Cartaya plantea serios interrogantes no solo sobre la gestión municipal, sino también sobre el papel de la oposición política y la actitud de los vecinos. Con un valor estimado de 7.500 euros (sin impuestos), adjudicado a OPEN ENERGY 2012, SL, y tramitado como contrato menor, esta decisión destaca por la falta de transparencia, la dudosa necesidad de externalización, y la ausencia de rendición de cuentas.

Una Gestión Marcada por la Opacidad

  1. Falta de publicidad y competencia:
    • La licitación recibió una única oferta, lo que pone en evidencia la ausencia de un proceso competitivo. La tramitación como contrato menor permitió evitar la publicidad obligatoria que habría fomentado la participación de más empresas y garantizado una selección más eficiente.
  2. Externalización cuestionable:
    • El objeto del contrato —consultoría sobre eficiencia energética y optimización de costes— parece ser una tarea que podría ser asumida por personal técnico del propio ayuntamiento, lo que habría ahorrado recursos y reforzado las capacidades internas de la administración.
  3. Posibles irregularidades:
    • Este tipo de adjudicaciones, con procedimientos simplificados y justificaciones poco claras, abre la puerta a la prevaricación o malversación de fondos públicos, especialmente si se concluye que la contratación no era necesaria o que favoreció a un adjudicatario específico.

El Papel de la Oposición: Entre la Pasividad y la Complicidad Silenciosa

La crítica no solo debe centrarse en la administración municipal, sino también en la falta de acción por parte de la oposición política. Su papel fundamental debería ser el de fiscalizar las decisiones del gobierno, exigir explicaciones y garantizar que las prácticas de contratación se realicen en el interés público.

Sin embargo, la pasividad de los partidos de oposición transmite la sensación de que simplemente esperan su turno en el gobierno, en lugar de asumir una posición activa para defender los intereses de los ciudadanos. Este comportamiento alimenta la percepción de que el modelo de gestión seguirá siendo el mismo, independientemente de quién ocupe el poder.

Los Vecinos: Entre la Pasividad y el Desinterés

Por otro lado, la ciudadanía también tiene un papel crucial en exigir transparencia y responsabilidad. Sin embargo, en este caso, los vecinos parecen más preocupados por temas secundarios, como el «culto del culto mariano», que por el buen gobierno municipal. Este desinterés permite que prácticas cuestionables pasen desapercibidas y perpetúa un sistema donde la rendición de cuentas queda relegada.

Un Problema Sistémico

Este caso refleja un problema más amplio en la gestión municipal: la combinación de una administración opaca, una oposición inactiva y una ciudadanía desconectada crea un entorno donde las prácticas cuestionables pueden perpetuarse. Sin mecanismos de control efectivos ni presión ciudadana, el uso de recursos públicos queda sujeto a intereses particulares en lugar de servir al interés general.

Conclusión

La adjudicación de este contrato expone fallas sistémicas en la gobernanza municipal. Más allá del gasto concreto, es un síntoma de una administración que falla en ser transparente, de una oposición que no cumple con su deber de fiscalización, y de una ciudadanía que, en su mayoría, se muestra indiferente al buen gobierno.


Recomendaciones para Mejorar la Gestión y la Participación Ciudadana:

  1. Fomentar procesos competitivos y transparentes:
    • Aunque los contratos menores no requieren publicidad, se debe priorizar una mayor apertura para evitar la percepción de discrecionalidad.
  2. Exigir rendición de cuentas a la administración:
    • La oposición debe asumir un rol más activo, solicitando informes detallados sobre la necesidad de estos contratos y promoviendo auditorías independientes.
  3. Promover la participación ciudadana:
    • Fomentar que los vecinos participen activamente en la supervisión de la gestión municipal y prioricen el buen gobierno sobre cuestiones culturales o religiosas.
  4. Establecer auditorías regulares y obligatorias:
    • Garantizar que cada gasto público esté respaldado por una justificación clara y revisado por organismos independientes.

El buen gobierno no es solo responsabilidad de la administración, sino de todos los actores involucrados, incluidos la oposición y los ciudadanos. Sin un cambio estructural, las prácticas deficientes seguirán perpetuándose, con consecuencias negativas para el desarrollo y la confianza en la gestión pública.

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Resulta llamativo que el Ayuntamiento de Cartaya adjudicara un contrato de consultoría energética por 7.500 euros, cuyo objetivo es reducir costes y buscar un suministro más eficiente. Sin embargo, esto llega después de haber firmado un contrato para el suministro de electricidad por más de 500.000 euros (502.796,53 sin impuestos), según un proceso que también contó con una única oferta recibida. Quizás, con un enfoque más estratégico, la consultoría podría haberse contratado antes, ayudando a optimizar ese desembolso inicial.

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Este detalle pone en evidencia la necesidad de una mejor planificación y un uso más transparente de los recursos públicos, planteando dudas sobre si se están priorizando las necesidades reales del municipio o simplemente reaccionando a los problemas una vez que ya han ocurrido.

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