El Ayuntamiento de Cartaya ha decidido externalizar el Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud, un servicio que, en teoría, debería poder gestionarse internamente si el propio consistorio contara con personal cualificado. La pregunta es inevitable: ¿no existen técnicos en prevención de riesgos laborales dentro del Ayuntamiento capaces de asumir estas funciones? Si la respuesta es negativa, entonces estamos ante un problema de falta de profesionalización en la administración pública. Si la respuesta es afirmativa, entonces hablamos de una posible decisión cuestionable en el uso de los fondos públicos.
Este contrato, que supone un gasto de 40.000 euros, bien podría encajar en el modus operandi de la malversación de fondos dentro de la administración pública. Existen diversas formas en las que este tipo de contrataciones pueden ser un mecanismo encubierto de prevaricación:
- Inflar costes y justificar lo injustificable
Se contratan servicios que podrían realizarse internamente, pero que se externalizan con sobrecostes a empresas «amigas» o con intereses poco claros. - Falta de transparencia en la adjudicación
Si la licitación y el proceso de adjudicación no han sido totalmente públicos y accesibles, se abre la puerta a favoritismos o a contratos amañados. - Pago por servicios que apenas se ejecutan
Muchas veces estos contratos sirven para justificar gastos que en realidad no se traducen en mejoras reales para los trabajadores ni en la prevención efectiva de riesgos laborales. - Colocación de empresas o consultoras afines
En muchas ocasiones, estos contratos terminan beneficiando a empresas vinculadas a políticos locales o a personas cercanas a la administración, convirtiendo el Ayuntamiento en una máquina de clientelismo político.
El problema es que este tipo de decisiones se repiten sistemáticamente en muchas administraciones locales, justificando el gasto con la excusa de la “eficiencia” y la “especialización”. Pero la verdadera eficiencia sería contratar técnicos municipales competentes que realicen este trabajo de manera continua y sin la necesidad de pagar a terceros cada año.
El problema es que este tipo de decisiones se repiten sistemáticamente en muchas administraciones locales, justificando el gasto con la excusa de la “eficiencia” y la “especialización”. Pero la verdadera eficiencia sería contratar técnicos municipales competentes que realicen este trabajo de manera continua y sin la necesidad de pagar a terceros cada año.
La pasividad de la oposición y el papel de la ciudadanía
Lo que resulta aún más preocupante es la aparente pasividad de los partidos de la oposición. En teoría, su función es fiscalizar las decisiones del equipo de gobierno, garantizar que el dinero público se gestione de manera transparente y denunciar posibles irregularidades. Sin embargo, en este caso, el silencio es ensordecedor.
¿Dónde están las preguntas incómodas en los plenos? ¿Dónde están los informes, los comunicados o las acciones legales que deberían impulsar para evitar que estos contratos se conviertan en una práctica habitual? Si la oposición se convierte en un mero espectador, entonces su papel pierde todo sentido y se convierte en cómplice por omisión.
Pero la responsabilidad no recae solo en los partidos políticos. La ciudadanía también tiene un papel fundamental. Es imprescindible que los vecinos de Cartaya exijan transparencia, explicaciones y justificaciones claras sobre el uso del dinero público. La indiferencia y la falta de participación solo fortalecen este tipo de prácticas, permitiendo que el dinero de todos siga utilizándose de manera cuestionable.
¿Incompetencia, corrupción o ambas?
Al final, la pregunta sigue en el aire: ¿se trata de simple incompetencia administrativa o de un modelo de gestión basado en el desvío sistemático de fondos públicos? En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo: un Ayuntamiento que parece más preocupado por externalizar servicios que por garantizar una gestión eficiente y honesta. La falta de reacción de la oposición y la pasividad de la ciudadanía solo contribuyen a que estas prácticas sigan repitiéndose una y otra vez, sin consecuencias reales para quienes las impulsan.
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