Si se comparan los contratos públicos del Ayuntamiento de Cartaya destinados a garantizar el suministro eléctrico de la romería en 2025 y 2026, hay un dato que resulta especialmente llamativo: el presupuesto pasa de 76.872 € a 18.454 € en un solo año, una diferencia de más de 58.000 euros. A simple vista, podría interpretarse como una mejora notable en la eficiencia del gasto público. Sin embargo, cuando se analizan los documentos con detenimiento, la conclusión es bastante más compleja.
En ambos ejercicios, el punto de partida es exactamente el mismo. El propio Ayuntamiento reconoce que no dispone de infraestructura eléctrica suficiente ni de medios propios para garantizar el desarrollo del evento, lo que obliga a recurrir a soluciones externas. Esta justificación se repite prácticamente sin cambios, lo que evidencia que no estamos ante una necesidad puntual, sino ante un problema estructural que se repite año tras año.
La clave para entender la diferencia de presupuesto está en el contenido de los contratos. En 2025, el servicio contratado tenía un carácter integral: incluía tanto las instalaciones eléctricas provisionales (alumbrado, cableado, cuadros, montaje y mantenimiento) como el suministro de energía mediante grupos electrógenos. Es decir, el adjudicatario asumía la responsabilidad completa del sistema eléctrico del evento. En cambio, en 2026 el contrato se reduce de forma significativa y se limita exclusivamente al alquiler de grupos electrógenos, eliminando del expediente toda la parte relativa a la infraestructura eléctrica.
| Concepto | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Tipo de contrato | Mixto (servicio + suministro) | Mixto (predominio suministro) |
| Objeto | Instalaciones eléctricas + generadores | Solo generadores |
| División en lotes | Sí (2 lotes) | No |
| Presupuesto (sin IVA) | 76.872,52 € | 18.454,30 € |
| Duración | 2 meses | Hasta 3 años (con prórrogas) |
| Infraestructura propia | No | No |
| Modelo | Contrato integral | Contrato fragmentado |
El análisis comparado de los pliegos de contratación de la Romería de Cartaya en 2025 y 2026 pone de manifiesto un dato que, por sí solo, resulta llamativo: el presupuesto pasa de 76.872 € a 18.454 € en un solo año. Esta diferencia de más de 58.000 euros podría interpretarse como una mejora en la eficiencia del gasto público, pero la lectura detallada de los documentos apunta en otra dirección.
En 2025, el contrato tenía un carácter integral, incluyendo tanto las instalaciones eléctricas provisionales como el suministro de grupos electrógenos, lo que explicaba el volumen total del gasto. En cambio, en 2026 el contrato se limita únicamente al alquiler de grupos electrógenos, eliminando del expediente todo lo relativo a las instalaciones eléctricas.
El análisis de los pliegos técnicos de 2025 y 2026 confirma de forma aún más clara la diferencia que ya se apreciaba en los pliegos administrativos: no se trata de un ahorro, sino de un cambio radical en el contenido del contrato.
En 2025, el contrato es completo y abarca tanto las instalaciones eléctricas provisionales (alumbrado, cableado, cuadros eléctricos, montaje, mantenimiento, etc.) como el suministro de grupos electrógenos, estructurado además en dos lotes diferenciados. Esto implica que el adjudicatario debía encargarse de todo el sistema eléctrico del evento, desde la iluminación hasta la generación de energía.
Esto permite afirmar con bastante claridad que no se está haciendo lo mismo por menos dinero, sino menos cosas por menos dinero. La diferencia de más de 58.000 euros no responde a una mejora en los precios ni a una reducción de necesidades, sino a la desaparición del componente más costoso del servicio: las instalaciones eléctricas.
Sin embargo, la necesidad sigue existiendo. La romería no ha cambiado en su escala ni en sus requerimientos energéticos, y el Ayuntamiento continúa reconociendo que no dispone de medios propios suficientes. Por tanto, la pregunta es inevitable: ¿dónde está ahora ese gasto que en 2025 formaba parte del contrato?
Todo apunta a que no ha desaparecido, sino que se ha desplazado fuera de este expediente. Esto puede deberse a una reorganización de la contratación o, como hipótesis razonable, a que la parte más compleja del servicio —instalaciones, montaje y distribución eléctrica— haya pasado a ser asumida directamente por el propio Ayuntamiento, probablemente a través de su personal técnico.
Si esto es así, el modelo cambia de forma significativa. Se reduce el contrato externo, pero aumenta el trabajo interno. Y aquí surge un aspecto especialmente relevante desde el punto de vista de la transparencia: el coste de ese trabajo ya no aparece de forma clara en un contrato público. Si no existe un sistema riguroso de control de horas, materiales y recursos, ese gasto puede diluirse y resultar mucho más difícil de cuantificar y evaluar.
En cualquier caso, incluso aceptando que el uso de medios propios pueda ser más económico en términos directos, la situación invita a una reflexión más profunda. Estamos ante un gasto que se repite todos los años, que responde a una necesidad perfectamente conocida y que requiere siempre los mismos recursos técnicos. En este contexto, mantener un modelo basado en alquileres o soluciones temporales plantea dudas sobre su eficiencia a medio y largo plazo.
Si se tiene en cuenta que un grupo electrógeno de 400 kVA puede situarse en torno a los 50.000 o 60.000 euros, la inversión en dos unidades podría equivaler a uno o dos años de gasto en el modelo anterior. Esto abre una línea de reflexión evidente: ¿no sería más eficiente apostar por una inversión propia que reduzca el gasto recurrente? Incluso cabría plantear fórmulas más ambiciosas, como el desarrollo de un servicio municipal especializado en este tipo de instalaciones, capaz no solo de cubrir las necesidades propias, sino también de generar valor prestando servicios a terceros.
En definitiva, la aparente reducción del gasto en 2026 puede resultar engañosa. Todo indica que no estamos ante un ahorro real, sino ante un cambio en la forma en que el gasto se organiza y se hace visible. Y eso desplaza el debate hacia una cuestión más relevante: no se trata únicamente de cuánto se gasta, sino de si se está gestionando con una lógica eficiente y una visión estratégica a largo plazo.
Porque cuando una necesidad se repite cada año, la pregunta ya no es operativa, sino política: ¿seguimos pagando indefinidamente… o empezamos a invertir para dejar de hacerlo?
📝 Nota: este análisis ha sido elaborado con ayuda de IA con el objetivo de fomentar la transparencia, el pensamiento crítico y una mejor comprensión del uso de los recursos públicos.