La publicación del Ayuntamiento de Cartaya presenta la coronación de los Reyes Magos de 2026 como un acto abierto, ilusionante y representativo de todo el municipio. Sin embargo, omite una diferencia sustancial en la forma en que se eligen estas figuras según el núcleo urbano, una diferencia que no es menor ni anecdótica, sino profundamente política y democrática.
En Cartaya y El Rompido, cualquier vecino o vecina puede optar, en igualdad de condiciones, a encarnar a uno de los Reyes Magos mediante un procedimiento público, abierto y accesible, gestionado directamente por el Ayuntamiento.
En Nuevo Portil, en cambio, el procedimiento es radicalmente distinto:
- Uno de los Reyes es designado directamente por la Asociación de Vecinos Portileños, una entidad que no alcanza los 350 socios y cuya composición incluye, en gran medida, personas que no son residentes habituales del núcleo urbano, sino propietarios de segundas viviendas.
- Conviene subrayar que no es lo mismo ser vecino que ser propietario: una persona puede residir, por ejemplo, en Coria del Río y ser propietaria de una vivienda en Nuevo Portil o en El Portil. Y, de forma evidente, los intereses de quienes viven en el municipio durante todo el año no coinciden necesariamente con los de quienes solo mantienen una propiedad para veranear o ganar dinero con el alquiler turístico. Lo que puede explicar la «obsesión» de esa asociación de vecinos con la playa (ahora escollera).
- Los otros dos Reyes se sortean exclusivamente entre quienes asisten a una cena privada, previo pago de 30 euros por persona (y 12 euros en el caso del menú infantil).
Este hecho, deliberadamente ausente en la comunicación institucional, plantea un problema de fondo: la ilusión de lo común se gestiona con criterios excluyentes.
Cuando la «tradición» sustituye a la democracia
Vincular el acceso a un símbolo público —porque los Reyes Magos lo son— al pago de una cena introduce una barrera económica explícita que excluye de facto a una parte de la ciudadanía. No es una cuestión de tradición, ni de folclore, ni de organización vecinal: es una cuestión de igualdad de acceso.
Cuando lo que es de todos se decide:
- en espacios privados,
- con criterios opacos,
- y condicionando la participación a la capacidad de pago,
dejamos de hablar de participación ciudadana y empezamos a hablar de dinámicas propias del caciquismo, donde unos pocos deciden y el resto asiste, aplaude o queda fuera.
Asociación vecinal o red clientelar
El problema se agrava cuando esa misma asociación:
- recauda dinero sin mecanismos claros de control ni rendición pública de cuentas,
- interviene en la designación de cargos simbólicos dentro de un evento financiado en buena parte con fondos públicos,
- y actúa, en la práctica, como filtro informal entre el Ayuntamiento y los vecinos.
Todo ello genera indicios preocupantes de una posible red clientelar, en la que la cercanía a determinadas estructuras asociativas sustituye a la igualdad de derechos. A esta dinámica se suma el hecho de que el abandono institucional del núcleo urbano —ausencia de inversión, falta de mantenimiento de infraestructuras, incumplimiento sistematico de compromisos electorales— se vea amortiguado o blanqueado por las alabanzas públicas de la asociación a la gestión municipal, pese a que dicho abandono resulta evidente.
No se trata de una acusación gratuita, sino de una consecuencia lógica cuando no existen transparencia, reglas claras ni una separación efectiva entre lo público y lo privado.
Ilusión sí, pero con derechos
La magia de la Navidad no puede servir como coartada para normalizar prácticas que serían inaceptables en cualquier otro ámbito de la gestión pública. Precisamente porque se trata de niños, de símbolos compartidos y de comunidad, el estándar democrático debería ser más alto, no más bajo.
La pregunta no es quién encarna a Baltasar, Melchor o Gaspar.
La pregunta es quién decide, cómo se decide y a quién se deja fuera.
Cuando el Ayuntamiento normaliza el caciquismo
Lo más grave de este asunto no es solo la actuación de una asociación vecinal, sino que el Ayuntamiento de Cartaya la permita y la legitime en un evento claramente público y ampliamente financiado con dinero de todos.
La Cabalgata de Reyes cuenta con decenas de miles de euros en contratos municipales, y aun así se tolera que una asociación:
- recaude dinero adicional entre los vecinos,
- condicione la participación al pago previo,
- y no rinda cuentas públicas sobre lo recaudado ni sobre su destino.
Esto no es tradición ni colaboración ciudadana. Es gestión opaca de lo común, con el aval institucional de quien debería garantizar la igualdad, la transparencia y el control del dinero público. Caciquismo adaptado al siglo XXI, con lenguaje amable y estética festiva.
Cuando el Ayuntamiento renuncia a supervisar, externaliza el poder y normaliza prácticas propias del caciquismo, donde unos pocos deciden y el resto paga o queda fuera.
La cuestión no es si la Cabalgata es bonita, emotiva o ilusionante. La cuestión es qué modelo de gestión pública se está normalizando.
¿Dónde está la rendición de cuentas del dinero recaudado?
¿Quién controla esos fondos?
¿Por qué el Ayuntamiento permite prácticas que no toleraría en ningún otro ámbito de su gestión?
Mientras estas preguntas sigan sin respuesta, la ilusión no puede ocultar el déficit democrático que subyace a todo el proceso.
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